Es el título de un informe realizado por el Observatorio Demos y La Usina Social, que contó con la participación de Los Molinos. Fueron encuestados 244 docentes de toda la provincia.

Lo que ocurrió con la educación durante la pandemia que vive el mundo desde hace más de un año es el tema del informe basado en una encuesta a 244 docentes y directivos de escuelas de 85 localidades de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. El trabajo realizado por el Observatorio Demos de la ciudad de Santa Fe y La Usina Social de la ciudad de Rosario, y que contó con la participación de Los Molinos Espacio de Encuentro, tuvo como objetivo conocer no sólo las percepciones y valoraciones respecto a las tareas desarrolladas durante 2020, sino también dar indicios acerca de cómo transitar el 2021.

Las conclusiones del informe se inician señalando: “Si bien la educación argentina ya estaba en crisis antes de la llegada de la pandemia producida por el COVID-19, no podemos negar cómo lo sucedido a lo largo de todo el 2020 vino a profundizar las desigualdades educativas en todo el territorio”. Y se completan haciendo énfasis en que “El escenario para este ciclo que se está iniciando es más complejo y dificultoso, y, si algo nos enseñó el 2020, es que el precio de la ausencia de políticas educativas por parte de los distintos niveles del estado la pagan los y las niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que ven vulnerado su derecho a la educación con todas las consecuencias que ello implica”.

Los índices principales

Uno de los datos más alarmantes del informe es la falta de continuidad del vínculo pedagógico de los y las estudiantes. Hay un promedio del 15% de ellos y ellas que no lograron sostener su vínculo pedagógico durante 2020. Este porcentaje proyectado al número de estudiantes matriculados estimado a inicio del año, supera los 100.000 estudiantes. En 2019, el índice de deserción escolar fue del 6,9%.

Según afirma el 62,7 % de los y las docentes no han recibido acompañamiento por parte del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe a través de programas y equipos interdisciplinarios para el abordaje de esta situación. Tampoco han recibido el equipamiento necesario para sostener las clases no presenciales (prácticamente el total de la docencia utilizó equipos propios y conectividad particular). Como consecuencia, un 86,3% tuvo una valoración negativa respecto al accionar del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

La mayoría de los/as docentes santafesinos/as debió destinar entre 7 y 9 horas diarias a las tareas educativas durante 2020. Y casi un 25% dedicó más de 10 horas por día al trabajo docente, lo que representa un dato muy preocupante para su salud laboral. Ello tiene correlato con el nivel de satisfacción respecto a las tareas desarrolladas durante la etapa no presencial, tanto para con los estudiantes como en relación a las familias: más del 60 % valoró como poco o regularmente satisfactoria la tarea de estos meses de contexto de emergencia.

Menos de la mitad de los/as docentes (48,4%) creen que el sistema bi-modal (Presencial – virtual) podría sostenerse, pero dejan en claro que en caso de implementarse un sistema de este tipo deberán mejorar algunas condiciones que en 2020 no fueron garantizadas. Casi un 30% de la población docente sostiene que no es conveniente el abordaje mixto argumentando la dificultad de organizarse con los tiempos, con la cantidad de estudiantes, con la falta de condiciones esenciales que garanticen este formato.

Asimismo, son tres los aspectos que se remarcan como prioritarios: a) La necesidad de cubrir la falta de recursos por parte del estudiantado; b) la imperiosa necesidad de revertir la ausencia de políticas públicas de acompañamiento; y c) cubrir la necesidad de formación pedagógica curricular para el trabajo en la virtualidad.
En tanto, el 88,5 % de la docencia ha reconocido como muy bueno o bueno el acompañamiento de los equipos directivos para sostener la continuidad pedagógica en este proceso. Esta situación permite abrigar una mirada optimista en cuanto a la organización institucional frente al retorno a las clases presenciales, que debe ser acompañado por un direccionamiento claro de las políticas públicas educativas.

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